Giselle Zegarra (*)
En hora buena que haya inversionistas extranjeros interesados en los proyectos promovidos por PROINVERSIÓN como resultado de su gira en Europa, para presentar las oportunidades de inversión que ofrece el Perú en proyectos de Asociación Público-Privado (APP).
Sin embargo, consideramos que es mucho más que un “road show” lo que el Estado Peruano debe hacer para atraer, concretar y mantener a los inversionistas sean nacionales o extranjeros, en la ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios que tanto necesita nuestro país.
Ello se logrará no sólo con un marco regulatorio transparente y garantista, sino a través de la capacitación sino también con un plan de retención de talento sostenible que garantice la continuidad de las políticas de promoción como la ejecución misma de los proyectos, garantías necesarias que deberían darse frente a los operadores de Estado (en sus tres niveles de gobierno) responsables de los procesos de promoción de la inversión privada y especialmente de aquellos responsables de la ejecución, supervisión y control de los mismos.
Debe garantizarse a los inversionistas privados que decidan apostar por desarrollar proyectos en nuestro país, no sólo la estabilidad jurídica y tributaria, sino especialmente lograr garantizar aislar a los proyectos del “riesgo político”, ese que se vuelve concreto cada 5 años en caso de los proyectos de ámbito nacional y cada 4 años en los proyectos regionales o locales, cuando las nuevas autoridades deciden modificar los proyectos y cuando no pueden, demoran las aprobaciones.
Esperamos que a partir de la gira por Europa y de la Declaratoria de Interés de la iniciativa privada de la Planta de Tratamiento de Lago Titicaca (primera iniciativa privada cofinanciada-IPC en aprobarse), PROINVERSIÓN articule con los ministerios, gobiernos regionales y municipales para que aprueben y publiquen sus necesidades de inversión en proyectos a través de la modalidad de iniciativas privadas cofinanciadas, dado que existen muchos inversionistas interesados en presentar proyectos cofinanciados a través de IPC, pero sólo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha efectuado la publicación respectiva.
(*) Giselle Zegarra es especialista en Derecho Administrativo y Regulación, Consultora del Estudio Torres y Torres Lara – Abogados.