Mientras diversos países de América Latina compiten por atraer inversión extranjera, talento altamente calificado y empresas multinacionales, el Perú cuenta con una gran ventaja que aún no ha desarrollado plenamente: un marco migratorio y regulatorio completo, que puede convertirse en una verdadera herramienta de crecimiento económico.
El Decreto Legislativo Nº 1350 – Ley de Migraciones y su Reglamento contemplan diversas calidades migratorias para inversionistas, trabajadores, directivos, designados y otros perfiles vinculados a la actividad empresarial. Sin embargo, el reto actual ya no es únicamente contar con un marco legal, sino hacerlo más competitivo frente a otras jurisdicciones.
Enumeramos tan solo cinco (05) reformas simples que podrían marcar una diferencia significativa:
- Reducir los tiempos de resolución con una gestión eficiente.
La inversión requiere predictibilidad. Procedimientos migratorios más ágiles brindan seguridad jurídica y permiten que los proyectos empresariales se ejecuten sin demoras innecesarias. - Digitalización integral de los procedimientos.
Un sistema completamente digital, interoperable entre las entidades del Estado y con expedientes electrónicos, fortalecería la eficiencia administrativa y reduciría costos para inversionistas y empresas. - Fortalecer la residencia para inversionistas.
La calidad migratoria de inversionista podría incorporar mecanismos que faciliten la permanencia de quienes acrediten inversiones productivas, generación de empleo formal o transferencia de tecnología, siempre dentro del marco legal vigente. - Crear procedimientos especializados para talento estratégico.
Profesionales altamente calificados, ejecutivos, investigadores y especialistas en innovación requieren procesos modernos que permitan responder con rapidez a las necesidades del mercado. - Integrar la política migratoria con la estrategia nacional de promoción de inversiones.
La migración debe dejar de verse únicamente como un mecanismo de control y consolidarse como un componente de la política de desarrollo económico, en coordinación con las instituciones encargadas de promover la inversión privada y el comercio exterior.
El artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1350 reconoce que la política migratoria debe responder a los intereses nacionales y contribuir al desarrollo del país. Ese objetivo puede alcanzarse mediante procedimientos eficientes, transparentes y alineados con las mejores prácticas internacionales.
El Perú posee estabilidad macroeconómica, una ubicación estratégica y un enorme potencial para recibir inversión extranjera. Modernizar el sistema migratorio no implica reducir los controles del Estado, sino hacerlos más eficientes, previsibles y compatibles con las exigencias de una economía global, pudiendo ejercerse control posterior y otros mecanismos de supervisión, sin barreras ni frenos temporales a la inversión.
La competencia por atraer inversión ya no depende únicamente de incentivos tributarios o de tratados comerciales. También depende de la capacidad de un país para ofrecer un sistema migratorio moderno, seguro y orientado al desarrollo. En ese escenario, el Perú tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los principales destinos de inversión y migración en América Latina.
El Ejecutivo y el Congreso deben asumir de inmediato el liderazgo y ejecutar una reforma migratoria integral con plazos definidos, metas verificables y coordinación efectiva entre instituciones. Cada día de inacción es una oportunidad que el Perú pierde frente a sus competidores en la región, que seguramente harán lo mismo. Es momento de decidir si queremos liderar o quedarnos atrás. El futuro de la inversión en el Perú se define hoy, y la migración rápida, efectiva, clara y sin trabas puede ser una herramienta muy importante en el corto plazo.
Jorge Freyre Paulet, Abogado Especialista en Asuntos Migratorios Peruanos. Consultor de TyTL Abogados.
