Diario La República
20 de Enero del 2015
Torres Morales, Rafael
Corporativo
Auge y crecimiento de las firmas legales. El dinamismo de la economía en la última década generó el crecimiento de los estudios de abogados, que se han convertido en actores protagónicos de las operaciones más importantes del rubro de las fusiones y adquisiciones, pasando de ser bufetes a empresas que facturan más de US$ 20.000 millones al año.
El rubro de fusiones y adquisiciones cerró el 2014 con una cifra por encima de los US$ 13.000 millones, más que los US$ 12.250 millones registrados en el 2013. Las compras de Las Bambas (China Minerals), Maestro Home Center (Falabella Perú) yGrupo Epensa (El Comercio) encabezan la lista de las operaciones más importantes de este rubro, ubicando al Perú en el tercer lugar del ránking de América Latina en este sector, más conocido en el mundo como M&A (Mergers and Acquisitions).
El crecimiento de la economía en la última década, por encima del 6% entre 2002 y 2011 según el FMI, provocó el interés de inversionistas, transnacionales y fondos de inversión de capitales globales, que demandaron servicios cada vez más sofisticados de los estudios de abogados, transformando los bufetes en protagonistas de importantes operaciones financieras.
Hoy, no solo se ha multiplicado el número de firmas de alta performance o la cantidad de jóvenes talentos con posgrados en las mejores universidades de Estados Unidos, sino que se ha incrementado también la presencia de redes internacionales. La llegada del Estudio Garrigues, fundado en 1941 en Madrid por los hermanos Joaquín y Antonio Garrigues, considerado a la fecha una de las firmas más prestigiosas del mundo, con oficinas en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, confirma el interés de los grandes inversionistas en mercados emergentes como el Perú, que buscan asesoría legal con el estándar de su país de origen.
Garrigues abrió su despacho en San Isidro en abril de 2014, pero incorporó a sus principales socios en septiembre de 2014, como Thomas Thorndike, Óscar Arrús y Sergio Amiel, jóvenes abogados a los que se “jaló” del Estudio Rubio, Leguía, Normand, unos de los siete más importantes del Perú en orden de facturación (US$ 9.703 millones en 2012), según el ránking Perú Top 10.000.
«Los estudios han venido creciendo, pero probablemente no en los porcentajes de años anteriores. No es por la desaceleración económica de este año, sino porque el crecimiento que experimentaron los bufetes hasta hace pocos años les ha permitido absorber la tasa de trabajo del presente de sus clientes sin necesidad de seguir creciendo», explica el abogado Alberto Rebaza, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, considerado por el ránking Chambers & Partners 2015 como uno de los cinco más destacados abogados peruanos en materia de M&A.
Hace exactamente 11 años, después de ser socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano, Rebaza decidió fundar en 2004 con Gonzalo De Las Casas el bufete que hoy dirigen. «Empezamos como dos abogados y hoy somos 58», dice Rebaza, cuyo estudio participó en la compra de Cemento Melon del Grupo Breca, empresa chilena por la que el grupo económico peruano pagó alrededor de US$ 550 millones.
«Esta operación nos obligó a abrir una oficina en Chile. Ahora, como acompañamos a muchos clientes en sus operaciones en el exterior, nos interesa abrir otras oficinas en Bogotá (Colombia) y Sao Paulo (Brasil)», explica Rebaza, que este año espera cerrar por encima de su presupuesto.
LECCIONES NOVENTERAS
Hasta principios de los años noventa solo existían un puñado de abogados, así como unos cinco o seis estudios de prestigio, como Olaechea (1878), García Sayán (1888), Ferrero (1937) y Echecopar (1950), en los que las grandes empresas privadas resolvían sus principales casos, la mayoría de ellos vinculados a la pérdida de capacidad adquisitiva: reestructuraciones, bancarrotas, liquidaciones, insolvencias, reprogramación de pagos, protestos, entre otros.
Las dictaduras de los años setenta, así como el terrorismo y la hiperinflación de los años ochenta, provocaron tal atraso en materia de servicios públicos que para 1994 aún existían zonas del país que se comunicaban a través del telégrafo. En ese contexto, el gobierno de Alberto Fujimori lanzó un agresivo proceso de privatización de empresas públicas, que comenzó con la venta de la CPT y Entel Perú. Pero no bastaba colocar un letrero de “SE VENDE” en la fachada de la empresa, como recuerda el economista Hernando de Soto, quien asesoró a Fujimori en materia económica. «La CPT y Entel Perú valían US$ 53 millones en la Bolsa de Valores de Lima. Nadie las quería comprar. Contratamos abogados y asesores en Londres y Washington, que ajustaron el derecho a las normas internacionales, y Telefónica de España terminó pagando US$ 2.002 millones».
Para Jorge Melo, ex miembro del comité de privatizaciones, el reto de aquel entonces fue diseñar un modelo rentable para interesar a por lo menos dos compradores, para no tener que declarar el proceso desierto. Lo más difícil de todo, dice Melo, fue que en el Perú nunca antes se hizo un proceso tan complejo, por lo que no existían expertos locales en dicha materia. Términos como ‘due diligence’, eran en aquella época vocablos que no se conocían, por lo que se contrataron abogados de los estudios Morgan Grenfell (Reino Unido) y Baker & Mackenzie (Estados Unidos).
“Las privatizaciones abrieron toda una nueva ola de operaciones nuevas en complejidad y tamaño. Los estudios se enfrentaron a nuevos estándares de servicio. De alguna forma se abrió el mercado grande de los M&A y los financiamientos, así como el necesario relacionamiento con firmas extranjeras que traían nuevas prácticas y mejores formas de trabajar. A comienzos de los noventa, un estudio de entre 10 y 20 abogados era considerado grande. Hoy día eso es solo una boutique legal especializada. Varios estudios tenemos largamente más de 100 abogados y tenemos una diversidad de áreas de práctica que hace veinte años eran desconocidas”, dice Javier Tovar, socio del Estudio Echecopar, a quien en 1994, como presidente de la comisión privatizadora, le tocó abrir el sobre con la oferta de Telefónica.
Hasta ese momento los estudios estaban básicamente concentrados en ramas como el derecho civil, procesal, laboral, entre otras áreas más tradicionales. El dinamismo de la economía hizo que tuvieran que empezar a ofrecer asesoría ligada a gas y petróleo, financiamiento de proyectos, mercado de capitales, infraestructura, comercio exterior y agroindustria.
«Este dinamismo se inicia a principios de la década de los noventa. Los estudios comprendieron que con el cambio de la economía, que se vuelve más globalizada, su actitud frente a los clientes debe ser más proactiva y menos reactiva como ocurría antes», señala Jorge Muñiz, socio fundador del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez Taiman y Olaya (1981), considerado como el abogado más influyente según la Encuesta del Poder 2014 de Ipsos Apoyo. Para la revista inglesa Latin Lawyer, Muñiz es considerado un abogado «rápido en la toma de decisiones», con una «buena capacidad de dirección» y «manejo de grupos de trabajo». Este estudio facturó en 2013 US$ 22.713 millones, y fue considerado en 2012 por el Financial Times como la firma del año en América Latina en materia de Private Equity.
REDES GLOBALES
En el Perú, además de Garrigues, la firma más grande e importante de Europa, está presente la firma Baker & McKenzie a través del Estudio Echecopar, red que suma más 4.000 abogados en 77 países. En ese mismo sentido, en octubre pasado, la firma Littler Mendelson, especializada en derecho laboral, con más de 1.000 abogados en 60 países, llegó al Perú de la mano del estudio Gonzales & Asociados, fundado por César Gonzales Hunt, considerado por Chambers & Parteners como uno de los principales expertos en materia de empleo. Así como esta boutique legal, como se le conoce a las firmas con no más de 30 abogados especializados en áreas específicas, existen otras bastante reconocidas por los ránkings en materia de derecho tributario, hidrocarburos, propiedad intelectual, ciencias de la vida y derecho inmobiliario, como los estudios Gálvez Abogados (energía), De la Puente Abogados (medio ambiente), Barreda Moller (propiedad intelectual), Estudio De la Flor (inmobiliario) o Bullard, Falla & Ezcurra (competencia).
«Las firmas auditoras internacionales también han reforzado sus equipos legales, así como las empresas más grandes, que han creado sus propios departamentos o incrementado el número de abogados con los que operan para coordinar con uno o varios estudios sus temas legales. Todo esto ha hecho que los estudios afinen sus estrategias para seguir captando clientes y darles un servicio que realmente satisfaga sus necesidades», dice Jorge Lazo, socio del estudio Lazo, De Romaña & Gagliufi, que empezó con dos abogados y hoy suman 32. Y agrega: «De nuestra cartera total, el 70% de clientes son transnacionales o multinacionales, incluso hemos contratado abogados chilenos para atender a alrededor de 20 clientes en este país».
ATRAER EL TALENTO
Cifras del Colegio de Abogados de Lima estiman que en el Perú existe un nuevo abogado cada cuatro horas, que egresan de más de 70 facultades de todo el país. Sin embargo, no todos alcanzan el nivel de especialización que exigen estos grandes estudios o boutiques legales, concentrados en atender demandas cada vez más específicas de sus clientes.
«Conforme la economía se hace más sofisticada, los estudios también nos sofisticamos a la hora de atraer talento», dice Rafael Torres Morales, al frente del estudio Torres y Torres Lara, fundado en 1968 por Carlos Torres y Torres Lara. «Nuestra misión radica en detectar a los mejores egresados de las cátedras de derecho desde que son estudiantes. La competencia por el talento es cada vez más intensa por lo que es importante afinar el olfato», indica Torres Morales.
Centros de estudios como las universidades Del Pacífico, De Lima, Católica y ESAN, han inclinado el peso de la cátedra al derecho corporativo, donde el abogado moderno se forma en materia de economía, empresa y negocios.
Fernando Cantuarias, decano de la facultad de derecho de la Universidad del Pacífico, señala que se busca ajustar las necesidades del mercado con la oferta educativa. «Las empresas no solo necesitan abogados que interpreten las leyes, eso lo sabe el empresario a través de su departamento legal. Hoy, el empresario necesita un experto que le ayude a resolver estrategias de estructuración, por eso desde el año pasado, dictamos diplomados en temas como minería, gestión de negocios, economía y finanzas, para acercar al abogado a las necesidades de las empresas modernas», refiere.
Para este decano, la clave en la diferencia en los ingresos es la preparación. Mientras que una firma de un abogado en los corredores del Poder Judicial vale S/.3, los abogados más importantes del mercado pueden cobrar desde US$180 hasta US$500 la hora. Estas cifras se reflejan en las ventas generadas por bufetes, como el de Rodrigo, Elías & Medrano, que según el Top Perú 10.000 llegó a facturar en 2012 US$ 27.380 millones, seguido de los estudios Muñiz (US$ 22.713 millones), Miranda & Amado (US$ 19.719 millones), Echecopar (US$ 16.064 millones) y Benites, Forno & Ugaz (US$ 15.708 millones). Como los peces pequeños del arrecife, los abogados siguen a las grandes empresas, que arrastran al resto de la economía como enormes ballenas surcando aguas internacionales.
FIRMAS SON UNAS PIRÁMIDES JURÍDICAS
En la inversión privada. «Las áreas relacionadas con la inversión privada, que incluyen vínculo con el Estado, han crecido sustancialmente, a partir de la necesidad de diseñar diferentes fórmulas de financiamiento, como las concesiones, las Asociaciones Público Privadas (APP) o los arbitrajes», explica Javier Tovar, cuyo estudio está asociado a la red global Baker & McKenzie, con presencia en 77 ciudades del mundo.
CORPORATIVO
En la inversión privada. «Las áreas relacionadas con la inversión privada, que incluyen vínculo con el Estado, han crecido sustancialmente, a partir de la necesidad de diseñar diferentes fórmulas de financiamiento, como las concesiones, las Asociaciones Público Privadas (APP) o los arbitrajes», explica Javier Tovar, cuyo estudio está asociado a la red global Baker & McKenzie, con presencia en 77 ciudades del mundo.
EL DATO
Los grandes bufetes de abogados no solo ofrecen servicios en temas tradicionales, como derecho laboral, civil o procesal. Todos se han especializado en temas específicos como fusiones y adquisiciones, minerías, gas, petróleo, energía.
Medios, políticos y población centran su interés en la denominada “Ley Pulpín”, pero pocos analizan la ley que promueve a la reactivación de la economía (Ley N 30296). La primera es facultativa (empresas libres de aplicarla y trabajadores de aceptarla), mientras que la segunda es de aplicación obligatoria e inmediata.
Un punto es la fórmula tributaria. A diferencia de reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV), sugerido por los políticos, esta aplaza el pago del impuesto General a las Ventas (IGV), sugerido por los políticos, esta aplaza el pago del Impuesto a la Renta (IR) para empresas que no distribuyan utilidades y lo reduce para personas naturales. Si bien no reduce, efectivamente, el IR empresarial (el impuesto sobre utilidades baja de 30% a 28% pero el impuesto sobre dividendo s de 4.1% a 6.8%), sí sería un incentivo que reduce temporalmente la carga tributaria. Sin embargo, la propuesta es incompleta. De nada sirve que una empresa no distribuya utilidades si ello no implica reinvertirlas. Debió ser condicionada a renovar activos, contratar mayor personal o invertir en capacitación del personal.
Otro punto es la reducción de IR a personas naturales. Hoy, los trabajadores formales ven liberados fondos de tributos para consumo e inversión. La medida es interesante porque quien percibe menos ingresos se beneficia porcentualmente más que quien percibe grandes ingresos. Si bien la ley «no» trae beneficios tan reales y otros bastante interesantes, no entendemos por qué legislamos solo para un 40% de la población. No podemos seguir omitiendo en una norma reactivadora al 60% informal de nuestra economía. Grandes ausentes siguen siendo taxistas, productores agrarios, ambulantes, artesanos, entre otros, a quienes seguimos negándole la posibilidad de crecer por mantener vigentes regímenes tributarios complejos y obsoletos.
Si el Estado quiere reactivar la economía debe diseñar mecanismos para que estas microempresas se formalicen sin ver la tributación como una barrera. ¿Acaso diseñar un régimen para ellos, donde no se sacrifican ingresos tributarios (que no existen hoy por ser informales) para formalizarlos, no es una alternativa? Ya es hora de legislar y gobernar para todos.
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