Nuevamente el gobierno nos sorprende con medidas que pueden tener un gran espíritu de reivindicación de derechos e igualdad salarial pero que se toman en un momento poco oportuno en el que era necesario concentrar los esfuerzos económicos, públicos y privados, de una manera totalmente diferente. La intención es sin duda buena, pero lo cierto es que el momento es muy malo.
Primero, la entrada en vigencia de la nueva Ley de Trabajadores del Hogar que ha incrementado los costos laborales de la noche a la mañana en un escenario de pandemia en el que muchos hogares/empleadores han disminuido su capacidad económica o la han visto afectada de muerte; luego la derogación de las normas de promoción del sector agrario, presionados por la Ley de la piedra, el palo y el bloqueo de carreteras y, ahora, una señal más de falta del sentido de la oportunidad, aprobándose en el pleno, la derogación del régimen de contratación administrativa de servicios, más conocida como CAS.
Cabe precisar que en el caso de las normas de promoción del sector agrario así como respecto del régimen CAS, el Tribunal Constitucional fue claro en establecer que este tipo de normatividad era perfectamente constitucional, pues contemplaba regímenes de promoción que no se encontraban reñidos con las normas laborales que contiene la Carta Magna (en materia de vacaciones, estabilidad, jornada de trabajo, entre otros), por tanto su derogación es claramente un acto político que consideramos poco acertado, sobre todo en lo que se refiere a su sentido de oportunidad pues el Estado tiene, claramente, urgencias económicas diferentes y prioritarias.
Para el caso de las nuevas normas de trabajadores del hogar, sucede exactamente lo mismo, pues la normatividad derogada no violentaba las disposiciones mandatorias de la Constitución y sin embargo, se decide una modificación sustancial del régimen (desde el punto de vista de los derechos económicos) que genera, desde nuestro punto de vista, poca promoción de este sector y el incremento de la informalidad pues en la realidad los trabajadores del hogar no quieren un régimen de CTS con depósitos semestrales ni descuentos para jubilación.
Queda claro entonces que la misión de legislar no solo debe tener en cuenta el objetivo de resolver una determinada situación, prevenir un potencial problema o regular cierta realidad, sino que el sentido de oportunidad es también vital para su correcto ejercicio.
Juan Carlos Benavente – Socio Principal y Jefe del área Laboral de TYTL Abogados
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