“Me mandas tu ubicación en tiempo real”, “Me llamas todo el camino”, “Avísame cuando llegas”, son frases que comúnmente usamos y que detrás de la figura de amor y cuidado, esconden una profunda preocupación por la realidad que nos aqueja a diario con el uso del transporte privado a través de aplicaciones.
“Me durmieron en el taxi”, “me llevaron por otro camino para robarme”, “me secuestraron a punta de pistola hasta que vaciaron mis cuentas y me acosaron”, se han convertido en el pan de cada día. Los nombres de José Durán y Joaquín Larraín, son solo la angustiante punta del iceberg. Estas aplicaciones que surgen con el objetivo de brindar “seguridad y confianza” a los pasajeros que las utilizan, han terminado siendo la pesadilla de muchos.
Para completar el círculo de terror, si tenemos la ocurrencia de quejarnos o denunciar nos estrellamos contra la pared de la virtualidad e informalidad de estas aplicaciones, donde lo único que recibimos son respuestas automáticas a través de un chat boot o líneas de correos que contienen las mismas tres frases: “lamentamos lo sucedido”, “estamos atendiendo tu caso” y “estamos trabajando para darle solución”; que pueden ser tan repetidas e interminables como los mismos círculos del infierno de Dante, ¡Qué terrible!
Puesto que, en su mayoría, y sobre todo las que contienen un mayor volumen de usuarios, no son empresas domiciliadas en Perú y no cuentan con personalidad jurídica en el territorio, la obtención de una solución y/o compensación ante algunos de los hechos manifestados anteriormente resulta utópica por decir lo mínimo.
Ante la realidad a la que nos enfrentamos surgen propuestas como la de la ex ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, quien presentó el pasado 29 de agosto ante la Comisión de Constitución del Congreso un proyecto de decreto legislativo para atacar frontalmente la inseguridad ciudadana, garantizar la seguridad vial e integridad de las personas que utilizan taxis y cerrar brechas digitales al interior del país.
En este proyecto, solicita la facultad para incorporar a las empresas que ofrecen el servicio de taxi por aplicaciones de internet a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; esto haría que se encuentren obligadas a inscribirse en Sunarp y registrarse en SUNAT, teniendo para ello que estar domiciliadas en Perú y autorizadas por el MTC, siendo la Superintendencia de Transporte de Personas, Cargas y Mercancías (SUTRAN) la encargada de fiscalizarlas, sometiéndose a un régimen de infracciones y sanciones; y quien tendrá la facultad de aplicar bloqueos de manera inmediata.
A través de la iniciativaecreto propuesta se busca erradicar el vacío que actualmente existe en la legislación respecto a la responsabilidad solidaria de estas empresas intermediarias de servicios de transporte, frente a las quejas y denuncias de los actos delictivos cometidos por los conductores de los vehículos que se ofrecen en las referidas aplicaciones.
Así también el presidente ejecutivo del ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao) comunicó que la institución presentará un proyecto de Ley para formalizar a los taxis por aplicativos, buscando con esta iniciativa supervisar a las plataformas que funcionan como intermediarias y determinar así, normas de seguridad tanto para conductores como para pasajeros.
Indicó además que las autoridades competentes en la materia de transporte buscan garantizar la seguridad de los usuarios y combatir todo tipo de informalidad y prácticas prohibidas en el sector; precisó también que no es la intención sacar del mercado a las empresas intermediarias de estos servicios, sino lograr que se cumplan las reglas y exigencias para la prestación del servicio de transporte de pasajeros.
El MTC se pronuncia a su vez, indicando que no permitirá que ninguna empresa burle las leyes peruanas y atente contra la seguridad e integridad.
En la actualidad Perú es la “oveja negra” de la región en cuanto a regulación de taxis mediante aplicativos, lo que resulta alarmante y nos pone ante la necesidad de tomar medidas correctivas al respecto.
Si bien aún ninguna propuesta ha sido aceptada y decretada, el cambio es inminente. El aumento de casos de delitos contra el patrimonio y la salud está alcanzando cifras alarmantes.
Empresas como Indrive, Didi y Uber, que son intermediarias de los servicios de transporte tienen, en algunos casos, presencia en diferentes países como Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay entre otros, y son reguladas a beneficio del usuario.
Asimismo, tenemos casos como el de la empresa Didi, quién ante la sanción del MTC por el ofrecimiento del servicio de transporte en Moto indicó que deseaba mantener un diálogo con las autoridades correspondientes y que ha invertido más de 50 millones de dólares desde su llegada a Perú y que es su intención continuar invirtiendo. Esto nos sugiere que hay una predisposición de estas empresas por acatar el marco normativo de la jurisdicción en la que se establecen. Por tal motivo y como medida preventiva, deberían iniciar el proceso de formalización en el Perú; guiadas de la mano de los expertos en la materia, podrían facilitar su transición, evitando así dilataciones en el proceso y ser sujetos a penalizaciones ante el eventual e inevitable cambio normativo.
Dado que la suerte parece estar echada para estas aplicaciones, no viene siendo ya una cuestión de “si es que” sino de “cuando” y una actitud preventiva a nivel jurídico y corporativo podría darles un respiro antes de tener las horas contadas.
Por Yenifer San Martín Ugaz, Asociada de Torres y Torres Lara Abogados
Fuente: Expreso
