Entender lo que significa el respeto a la propiedad privada, la libertad empresarial, la responsabilidad en el cumplimiento de los contratos, parece no ser cosa sencilla… sobre todo para nuestro Congreso.

Hemos observado un sector financiero comprometido con la emergencia: los bancos, edpymes, cajas, cooperativas de ahorro y crédito, han actuado con oportunidad llegando a acuerdos específicos con sus clientes para reducir cuotas, otorgar términos de gracia y, en general, reprogramar deudas; es cierto que apoyados también por los programas del Gobierno y por la flexibilización de las provisiones; pero lo esencial es que se ha confiado a las partes la solución a través de la negociación.

Arreglos particulares en base a posibilidades reales. No todos tienen las mismas espaldas financieras, no es lo mismo un banco grande que uno chico, una caja que una cooperativa, un cliente con trabajo que otro desempleado, uno con ahorros y otro que vive al día o uno con un crédito personal respecto de otro con uno hipotecario. Asimismo, no hay que ignorar que los clientes no sólo son los prestatarios sino también los ahorristas, que lo prestado es producto del ahorro más que del capital, que la regulación exige el calce entre operaciones activas y pasivas, que la tasa de interés refleja el riesgo asumido y posibilita la devolución de ahorros y la rentabilidad para el depositante.

No hay forma de interferir en los créditos sin afectar a los ahorristas y sin excluir a los futuros solicitantes de crédito; pues si la tasa no refleja el riesgo simplemente se les dejará de prestar, retrocediendo en la sana política de inclusión financiera motivada por la libertad de fijar tasas de interés.

Intervenir en las relaciones crediticias, congelando tasas de interés pareciera corresponder a una visión simplona de la realidad, sin matices, como si todos los agentes y sus relaciones fueran iguales, como si todos tuvieran el mismo volumen y perfil de prestatarios, la misma cantidad de ahorristas, las mismas tasas comprometidas, el mismo nivel de servicio, las mismas plataformas, la misma infraestructura, el mismo riesgo, como si todo fuera lo mismo; ¿cómo puede un Poder del Estado no medir primero los efectos de sus decisiones e ignorar la realidad?

ALONSO MORALES ACOSTA

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