A fines de abril, cuando se iban acabando los últimos días del verano prolongado que tuvimos este año, una familia se alista para celebrar un cumpleaños en un restaurante que está en la Costa Verde, pues quieren aprovechar la vista. Reservaron su mesa con anticipación y les confirmaron la reserva, pero cuando llegaron a una de las vías para bajar a la Costa Verde se dieron con la sorpresa de que estaba cerrada por una maratón.

El restaurante está igual de sorprendido que la familia, porque nadie le avisó con anticipación que ese día se quedarían completamente aislados por el cierre de vías. Una noche antes, los organizadores de la maratón pegaron carteles que anunciaban el cierre de cualquier acceso a esa zona de la ciudad. La municipalidad otorgó el permiso a la empresa que organiza el evento, pero no se preguntó si es que estaba afectando a otras personas y agentes económicos.

La familia perdió el día porque no pudo cruzar la pista y llegar al restaurante que eligieron para pasar un buen momento ese fin de semana. A su costado, otras personas quedaron igual de fastidiadas porque al frente, a unos metros, se encontraban sus herramientas para una jornada de pesca, sus academias de surf o simplemente sus planes de entretenimiento. Los restaurantes, sus proveedores, las academias y, en general, la cadena de producción se ha visto paralizada y tiene un día menos de ingresos.

Es julio, un abogado está preparando un escrito que debe presentar a la SBS a través de su mesa de partes virtual. Su cliente está recopilando la información necesaria y la tendrá para las 5 de la tarde del día siguiente, que es el quinto y último día del plazo que les otorgaron. Esa mañana, sin embargo, aparece publicada en El Peruano una resolución que cambia el horario de atención de la mesa de partes virtual: los documentos presentados a partir de las 4:30 de la tarde se considerarán recibidos el día siguiente.

El abogado y el cliente están sorprendidos: hace unos meses, el Indecopi había declarado que eso era ilegal porque la Ley 24777, que tiene estándares mínimos que ninguna entidad administrativa puede soslayar, dice que las mesas de partes virtuales atienden las 24 horas de los siete días de la semana y no establece limitación alguna en perjuicio de los administrados.

El abogado y el cliente deben resignarse a presentar ese escrito sin el documento importante que solo lo conseguirán en unas horas, pero que llegará después de que cierren las puertas imaginarias de una página web que realmente funciona 24/7. Esa decisión ilógica perjudica su derecho de defensa y, aunque no se note fácilmente, perjudica también la labor de la administración pública, que tendrá que resolver un asunto sin contar con todos los elementos necesarios para ello.

Desde setiembre de 2022, un empresario está en litigio por la disposición reglamentaria del MTPE que impide a las empresas tercerizar el núcleo duro de su negocio, que, aunque es un término que tiene una definición en ese reglamento, nadie puede decir con certeza qué significa. Su tienda en línea no podría contratar a terceros para que entreguen los productos vendidos y deberá dejar de ofrecer el servicio de delivery, a pesar de que es reconocido en el mercado precisamente por sus entregas inmediatas.

El empresario ha logrado un pronunciamiento favorable en la primera instancia de Indecopi, que ha dicho que la reglamentación del MTPE es ilegal, en buena cuenta, porque no puede haber una prohibición sobre algo tan gaseoso. Sin embargo, la segunda instancia ha dicho que prefiere esperar a que el Poder Judicial se pronuncie primero, pues hay otras empresas que acudieron a esa vía para hacer valer sus derechos.

El empresario y su abogado están sorprendidos, deberán esperar probablemente tres años para saber si su empresa puede contratar a terceros para que realicen labores especializadas o no. Sin embargo, milagrosamente, en julio de 2023 se publica en El Peruano una resolución de la primera instancia de Indecopi, que declara que su decisión (inaplicar la prohibición del MTPE) tiene efectos generales en beneficio de todas las empresas a partir del día siguiente.

El abogado explica al empresario que, al parecer, en uno de los tantos casos que presentaron las empresas afectadas, el MTPE no apeló correctamente la resolución en contra (favorable a las empresas) y por eso quedó firme, es decir, que ya no se puede cuestionar. Entonces, un posible defecto en la defensa del MTPE ha dado el respiro al empresario: ya no tendrá que esperar tres años, puede continuar con su actividad sin temor a que SUNAFIL lo sancione por no tener trabajadores especializados en cada proceso productivo de su empresa.

El lector ya habrá podido advertir hasta este punto que una barrera burocrática es aquella extralimitación del Estado en las actividades de los privados (sin que exista una razón objetiva y razonable para ello), ya sea por cerrar vías de tránsito sin asegurarse que los perjudicados tengan una alternativa proporcional para continuar con sus labores; por crear horarios ficticios a una mesa de partes virtual que, precisamente por su naturaleza, es de acceso permanente; o por limitar la libertad de las empresas para organizar qué procesos productivos los asume internamente y cuáles puede delegarlos a terceros más especializados.  

Por esa diversidad de consecuencias, el Indecopi tiene una labor muy importante que debe empezar a tomar más en serio: no es necesario que cada afectado inicie un procedimiento administrativo para remover la barrera que lo perjudica, la propia autoridad puede ejercer labores preventivas sin esperar a que decenas de empresas denuncien extralimitaciones a su derecho de tercerizar o que cientos de ciudadanos denuncien los horarios arbitrarios de una mesa de partes virtual o los cierres intempestivos de vías públicas.

La presencia o remoción de una barrera burocrática ilegal o irrazonable puede cambiarnos la vida de un momento a otro y ello no atañe únicamente a las empresas, como suele pensarse. En la práctica, estas barreras pueden afectarnos incluso en un día cotidiano, cuando nos impiden cruzar la pista para ir a nuestro trabajo, a entregar los productos que nos compraron o pasar un día en familia.

Christian Guzmán Arias, Abogado Asociado Senior y Líder del Área de Competencia y Buenas Prácticas de Mercado en Torres y Torres Lara Abogados