Probablemente en los últimos años, hemos visto decenas de noticias en las que se habla sobre el alza de los peajes o de los pasajes en el Metropolitano, Tren Eléctrico o Corredores lo que, dentro de nuestra posición como pobladores, nos lleva a sufrir malestares pues nuestra economía familiar se ve directamente afectada. Es ahí donde los alcaldes y funcionarios públicos de cualquier rango aprovechan y realizan promesas sobre una rebaja en el precio, lo que resulta ser una iniciativa bastante popular en la ciudadanía que desea soluciones rápidas, pero ¿realmente son eficientes?
La respuesta es no, estas “soluciones” no son más que una ilusión óptica que distorsionan nuestra visión de la realidad y el motivo de ello es, precisamente, el objetivo de este artículo de opinión que también busca ser informativo. Tanto los peajes, como el Metropolitano, Tren Eléctrico o Corredores funcionan mediante el mecanismo de “Concesiones”; este puede ser un concepto que no todos los lectores tengan claro, por lo que debemos definirlo como aquel contrato que tiene por objeto que la Administración Pública (el Estado peruano) otorgue a los privados la explotación de bienes/servicios durante un tiempo determinado como retorno a la inversión hecha por los privados en el mejoramiento del objeto de la concesión (ej. Carreteras).
Como todo contrato, las partes que intervienen persiguen un beneficio; en el caso de la Administración Pública, obtiene un bien/servicio sea el mejoramiento de carreteras, operatividad de un sistema de transportes, etc; y, en el caso del inversionista privado recibe la contraprestación económica mediante la explotación de los bienes o servicios, lo que supone que, durante un tiempo, el costo del servicio/bien dado en concesión que asuma la ciudadanía irá a las arcas del inversionista.
Naturalmente, este retorno de la inversión no es indefinido ni arbitrario, los contratos de concesión se analizan y negocian en base a la complejidad del bien o servicio, el contexto de la población, los costos del mercado, entre otros; definiéndose los detalles que permitirán al proyecto tener éxito. El problema radica en que, si los pactos no son respetados, las partes deberán renegociar algunos extremos para recuperar el equilibrio económico-financiero del contrato, este es el escenario en el que se suelen dar renegociaciones de precio o duración del periodo de explotación.
Ahora bien, al pretender derribar de forma abrupta una concesión, la consecuencia directa es que el inversor privado no obtenga el retorno por la inversión realizada y se vea económicamente afectado, por lo que iniciará un arbitraje o la solución de controversia que se haya establecido, proceso que, de acuerdo con la lamentable estadística que refleja nuestro país, muy probablemente pierda.
Esta pérdida del Estado Peruano se traduce en millonarias indemnizaciones que debe otorgar en favor de los inversionistas afectados, con dinero que proviene de los contribuyentes, esto es: de los propios ciudadanos. Dinero que deja de ser empleado para ejecutar proyectos urgentes para la población e, inclusive en algunos casos, la restitución del servicio/bien dado en concesión. Es decir, se vuelve a pagar los peajes/pasajes y, además, se asume una indemnización.
Así pues, es uno de los casos que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien, a través de sus diversos burgomaestres, ha llevado al Estado Peruano a llevar a cabo más de 03 arbitrajes con la empresa Rutas de Lima SAC en los cuales, ninguno ha tenido éxito, debiéndose pagar: honorarios de los abogados que patrocinan el caso, gastos de la sede arbitral y de los miembros del Tribunal Arbitral.
Otro de los casos más reconocidos, se sitúa con Lima Expresa y el cobro del peaje para ingresar al distrito de La Molina, en la Av. Separadora Industrial. Frente a esta concesión, el burgomaestre del distrito nició un proceso en el Poder Judicial para que se suspenda el cobro de los peajes, así como paral retirar los bloques de concreto que se encontraban en la vía alterna colocados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto conllevó a un proceso judicial de casi dos años que terminó en una sentencia del Tribunal Constitucional que manifiesta no haber vulneración al derecho de libre tránsito, por lo que se reanudó el cobro del peaje y a la fecha se siguen realizando.
Finalmente, un posible y futuro caso arbitral sea el de los Corredores que operan en las principales calles de la Ciudad, pues si bien no se ha iniciado un proceso por un corte intempestivo de la concesión por parte del Estado, el concesionario amenaza con hacerlo debido a que el Estado no está llevando a cabo sus obligaciones de manera completa y correctamente, lo cual en teoría podría terminar en que se retire la concesión.
Como se aprecia, realmente las decisiones precipitadas sobre los peajes y pasajes resultan tener un destino único: mayor perjuicio para la población tanto económico como social, pues solo es necesario observar su reacción frente al alza o a una noticia sobre un pago que debe hacer el Estado Peruano a un privado por responsabilidad de este, lo cual termina desencadenando en un conflicto (huelgas, plantones e, incluso, agravios a personas o propiedad).
Este es un artículo que busca invitar a la reflexión sobre el análisis adecuado que se debe realizar de forma previa a tomar decisiones cuando existen contratos de por medio y a buscar alternativas realmente eficientes y eficaces en beneficio de la población, que sean duraderas en el tiempo y no solo por unos meses.
Elizabeth Peralta Quispe, Abogada Asociada Senior y Miembro del Área de Contrataciones con el Estado de Torres y Torres Lara Abogados
Fuente: Expreso
