Algo similar está sucediendo con el internet en el país. En junio del año pasado se aprobó la Ley 312071, por la que se pretende “garantizar” la velocidad mínima del internet estableciendo el porcentaje mínimo en 70% del ofrecido por la operadora, la cual comenzará a aplicarse a partir del 3 de diciembre del presente año. La medida, a primera vista, pareciera alentadora y beneficiosa para todos los usuarios, pero es también equivocada.

La velocidad del internet en el país se irá incrementando cuando se tengan todos los elementos necesarios para brindar el servicio fijo y/o móvil y en un entorno de fuerte competencia entre las empresas. En otras palabras, que haya más operadores que compitan en el mercado y que cuenten con las frecuencias y la infraestructura que se requieren, como las antenas. Para las antenas, que son tan necesarias, se requerirá que las autorizaciones municipales permitan instalarlas en los lugares que se requieran.

Por ello, disponer que a través de una ley se incremente la velocidad mínima garantizada del internet en 70% o más no es la solución. Lo que sucederá, como en el ejemplo de retirar los carros de unas calles de Lima, es que perjudicará a otros. En el caso del internet, si las empresas dedican sus presupuestos a cumplir con la norma, posiblemente incrementen la velocidad en las ciudades más grandes, pero se reducirá el servicio o, peor aún, se retirarán de las localidades ubicadas en áreas rurales o más alejadas del país, en las que apenas el 20.7% de los hogares rurales, según el INEI, tienen el acceso al servicio. Debe tenerse en cuenta que las empresas no están obligadas a expandir sus servicios más allá de sus obligaciones previstas en sus contratos y, con su presupuesto anual, tendrán que decidir entre dedicar su inversión a cumplir con la norma o expandir sus servicios, de lo contrario podrían ser sancionadas.

La Ley 31207 no resuelve el problema de internet que tiene el país, al contrario, aumenta la desigualdad en cuanto a conectividad y acceso a la educación virtual, telemedicina o teletrabajo, por ejemplo, especialmente en las áreas rurales, donde ni siquiera se tiene señal de radio o televisión, menos aún internet. Incluso el Osiptel ya se había pronunciado desde el inicio en contra de la propuesta al ser totalmente contraproducente. Es urgente reducir la brecha digital, pero con medidas técnicas para que todos los peruanos aprovechemos las ventajas que nos ofrecen las tecnologías en el presente siglo.

Manuel Cipriano, Consultor externo de TYTL Abogados y Abogado especialista en Telecomunicaciones

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