Diario Gestión
15 de febrero 2016

Morales Cáceres, Alejandro
Cooporativo

Algunos candidatos a la presidencia proponen controlar los precios en las tarjetas de crédito, debido a que sus tasas alcanzan intereses anuales de hasta el 150%, afectando a los ciudadanos peruanos.
En primera instancia, esta medida suena bastante atractiva, ya que la lógica económica detrás de esta propuesta es incentivar al consumidor a gastar más en otros bienes y servicios, en vez de gastarlo en estos exorbitantes intereses, reactivando así la economía, volviéndola una de consumo.

Sin embargo, las experiencias en países vecinos como Chile y Colombia no son del todo positivas: Las personas, al ver que se restringió la oferta de créditos, no tuvieron otra opción que recurrir a préstamos informales, donde los intereses superan tasas anuales de 150%. Y es que la historia se repite: No hay mejor regulación que la que el mismo mercado impone.

Lo que el Estado debe incentivar es el empoderamiento del consumidor a través de prácticas que combatan la asimetría informativa. El Estado facilita y vigila la libre competencia pero también defiende el interés de los consumidores, garantizando el derecho a la información sobre bienes y servicios de acuerdo a nuestra Constitución.

En Estados Unidos en el 2009, por ejemplo, se promulgó una ley bajo el nombre de «Credit Card Act», en la que no se controlan los precios pero sí se empodera al consumidor obligando a los bancos a que redacten los contratos con un lenguaje claro y sencillo siguiendo un formato propuesto por el gobierno. El resultado es que los consumidores americanos se han vuelto más responsables en sus pagos. De esta manera, no se afecta el libre mercado y se protege al consumidor, reactivando la economía y convirtiéndola en más justa.

En ese sentido, normas como la Resolución No. 652-2016 que son promulgadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), incentivan este rol activo que el Estado busca en los consumidores, ya que fortalece el marco de protección de los usuarios de tarjetas de crédito y simplifican los procedimientos a efectos de hacerlos más comprensibles y adecuados a sus necesidades.

En conclusión, no es necesario limitar las tasas de las tarjetas de crédito, ya que empoderando al consumidor a través del Derecho se pueden lograr los siguientes resultados: (i) Que el consumidor decidida cómo aplicar los pagos a la tarjeta de crédito; (ii) Que el usuario pueda realizar un pago anticipado parcial; y, (iii) Que los clientes puedan asegurar que el pago a la tarjeta de crédito siempre sea aplicado a la deuda.

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