Imagina construir un colegio en dos años, o menos, en lugar de cinco. Esto no es una promesa, es lo que el mecanismo “Obra por Impuestos” (OxI) ya viene logrando en el Perú. Sin embargo, este mecanismo que ha demostrado ser eficiente también enfrenta múltiples retos: desterrar la nefasta práctica de las empresas cascarón, evitar las paralizaciones y los retrasos injustificados, entre otros. Pero hay un reto particular que destaca porque, a diferencia de otros, tiene solución inmediata: el miedo infundado al Invierte.pe, basado en un desconocimiento de sus reglas de juego.

El Invierte.pe establece las reglas técnicas y procedimientos que debe seguir todo proyecto de inversión pública en el Perú y constituye la otra cara de la misma moneda del mecanismo OxI, sin embargo, al ser temido y resistido, proyectos viables se paralizan, empresas serias se retiran y funcionarios públicos prefieren no hacer nada antes que arriesgarse a una observación de la Contraloría General de la República.

El mecanismo OxI ha demostrado, desde su creación, ser una herramienta poderosa para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura con participación del sector privado. Mientras la ejecución tradicional del Estado arrastra sus limitaciones presupuestales y operativas, el OxI ha permitido que empresas privadas financien y ejecuten obras recuperando luego su inversión mediante certificados aplicables contra sus impuestos. El resultado: hospitales, colegios, carreteras y sistemas de agua potable construidos en tiempo récord.

El sector privado responsable, que viene participando en este mecanismo, lo hace porque busca proyectos con impacto real en la vida de las personas. No se trata solo de recuperar impuestos; se trata de dejar infraestructura que funcione, que cambie realidades, que genere desarrollo. Incluso desde una perspectiva estrictamente empresarial y económica, el negocio está en hacer bien las cosas: obras de calidad, ejecutadas en tiempo, que no generen contingencias futuras. Por eso, cuando el modelo tropieza por confusiones normativas, no solo pierde el Estado, pierden también las empresas serias que apostaron por hacer las cosas correctamente.

Y aquí es donde aparece el problema central de este artículo: la distancia artificial que muchos actores han creado entre el mecanismo OxI y el temido Invierte.pe. Ese mismo sistema que muchos consideran burocrático, enredado, y que supuestamente complica más las cosas en lugar de facilitarlas. Esta separación, alimentada por esa percepción negativa ha generado consecuencias concretas: procesos de selección cancelados a último momento, proyectos viables archivados indefinidamente, observaciones de Contraloría y empresas que después de invertir tiempo y recursos en preparar propuestas técnicas deciden no volver a participar.

La realidad es más simple de lo que parece: El mecanismo OxI no es ajeno al Invierte.pe, sino que parte de él. Todo proyecto que se ejecute bajo el mecanismo OxI debe cumplir con los requisitos y fases del Invierte.pe porque, al final del día, estamos hablando de inversión pública, sin importar quién la financie inicialmente.

El propio Estado ha empezado a entender esta necesidad de articulación. Este año, el MEF ha emitido una serie de respuestas a consultas que van desatando nudos normativos que antes parecían imposibles de resolver. Estas aclaraciones e interpretaciones no son meros tecnicismos administrativos, son señales claras de que el Estado reconoce el problema operativo al que se enfrentaban las empresas y los funcionarios responsables de implementar el mecanismo OxI a nivel nacional.

Tomemos algunos ejemplos concretos que ilustran cómo esta comprensión está cambiando las reglas del juego. Antes, muchos creían que un proyecto de OxI solo podía tener un expediente técnico, punto. Hoy sabemos que es perfectamente posible contar con más de un expediente técnico por proyecto si la estrategia de ejecución lo requiere, facilitando la ejecución por fases, algo que en la contratación pública tradicional bajo el Invierte.pe ya se venía implementando sin mayores problemas. Lo mismo aplica para los documentos de trabajo. Esta flexibilidad no es capricho, es sentido común aplicado a la realidad de proyectos complejos que requieren adaptarse sobre la marcha.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de incorporar o reducir componentes durante la elaboración de expedientes técnicos o documentos de trabajo, siempre que no cambien el alcance del proyecto. Esto evita que pequeños ajustes necesarios para mejorar la obra terminen siendo observados como irregularidades graves. Del mismo modo, comprender que los procesos de cambio durante la etapa de ejecución física tienen cabida normativa dentro del marco del Invierte.pe permite que los proyectos se adapten a contingencias sin que cada modificación se convierta en un dolor de cabeza legal para funcionarios y empresas.

Quizás lo más importante de estas aclaraciones es que ayudan a evitar observaciones innecesarias de la Contraloría. Durante años, muchos funcionarios consideraban que el mecanismo OxI era un sistema paralelo, completamente ajeno al Invierte.pe, y por tanto pensaban que ya no era necesaria la priorización de proyectos según las reglas de este último. Este malentendido generó observaciones, retrasos y, peor aún, desalentó a empresas serias de participar en futuros procesos. Nadie quiere invertir tiempo y recursos en un proyecto que puede terminar paralizado por una interpretación errónea de las normas.

El mensaje debe ser claro: no debemos temer al Invierte.pe, debemos conocerlo. Y aquí hay un problema adicional que agrava la situación. Tanto el sector público como el privado, cuando capacitan sobre el mecanismo OxI, lo hacen como si fuera un sistema aislado, independiente de cualquier otra normativa. Esta forma de enseñar y aprender el mecanismo OxI profundiza el error en lugar de corregirlo.

Cuando las empresas privadas responsables entienden las reglas del juego desde el inicio, cuando los funcionarios públicos comprenden que ambos sistemas trabajan en conjunto, y cuando la Contraloría fiscaliza con criterios técnicos basados en esta integración normativa, todos ganamos.

El verdadero riesgo no está en aplicar las reglas del Invierte.pe a los proyectos OxI; el riesgo está en seguir perpetuando la confusión. No se trata de complicar el proceso, se trata de entenderlo como realmente es: El mecanismo de Obra por Impuestos y el Invierte.pe no son sistemas paralelos, son parte del mismo engranaje de inversión pública.

La verdadera meta de un sistema de cumplimiento es lograr que el comportamiento ético sea natural, espontáneo y cotidiano. Y ello solo es posible cuando la formación y la concientización se articulan de forma coherente, estratégica y sostenida.

Peter Medina Rázuri, Abogado Asociado del Área de Infraestructura y Promoción de Inversiones Público – Privadas de TYTL Abogados