A través del tiempo se ha dicho que el poder seduce y el que ocupa el primer plano de la atracción sería el poder político.

En los últimos días hemos visto cómo diversas personas de todos los estratos sociales, condiciones económicas y políticas, han sido propuestas para formar parte de una plancha de gobierno o ser candidatos a una representación congresal.

Algunos de ellos con procesos penales abiertos, justos o no, otros tantos con cuestionables historias de vida social o personal. Muchas personas se preguntan: ¿por qué si saben que gran cantidad de personas que tuvieron una participación política están procesados penalmente y otros con condenas, desean ingresar a la arena política con los riesgos que ello implica?

Claro está que hay personas que lo hacen con un sentido de servicio, pero es de todos conocidos que a muchos de ellos les fascina, les seduce y les produce “vida” un “aparente poder”; hay pues, lamentablemente, quienes no han entendido que ocupar una cuota de poder público es para servir y no para servirse, moviéndoles una posición social, económica o política.

Lo primero que tendrían que preguntarse es qué riesgos existen al servir y cómo se debe trabajar para evitar daños colaterales. Deberían tomar en cuenta que ejercer un cargo público trae consecuencias, que en algunos casos son penales, como el hecho de ser procesados por delitos de colusión, malversación, cohecho, abuso de autoridad, entre otros, los mismos que tienen sanciones graves. Por ello, todos los partidos políticos deberían preparar a sus militantes y aspirantes, para que tengan conocimiento que serán merecedores de sanciones si no actúan con responsabilidad social en estricto apego a las leyes y los valores que todas las personas que aspiran a tener una cuota de poder deben de poseer.

En ese sentido, sabemos que generalmente el derecho penal interviene cuando el delito se ha consumado, pero todos estamos obligados a enseñar que los delitos se pueden prevenir. En este caso, las autoridades electorales como los líderes de los partidos que participan en la contienda electoral, deberían tener una actividad acorde con la prevención general, es decir tener como principio que si un funcionario o servidor público cometiera un delito sería sancionado severamente no solo por las leyes sino también por su mismo partido.

Percy Huaroc Llaja – Socio y Jefe del área de Litigios-Penal de Torres y Torres Lara Abogados

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