Viernes 1 de Noviembre del 2019

Los inversionistas extranjeros, antes de invertir en un determinado país -sea a través de empresas en marcha, la constitución de una sucursal, establecimiento permanente o una filial de la empresa extranjera- consideran un sinnúmero de variables. Entre ellas destacan el estado general de la economía, el nivel de apertura comercial, el nivel de consumo interno y el riesgo país, el cual -en palabras de Peña Romero (2017)- “es el nivel de incertidumbre que existe respecto a la capacidad de pago de los diferentes países” (p. 26).

Para evaluar el riesgo país se toman en cuenta aspectos como: (i) las probabilidades de impago con las que cuenta un país emisor con respecto a las deudas u obligaciones; (ii) el indicador de credibilidad de un país frente a otros en relación con su capacidad de pago; (iii) el pago de los intereses generados por el préstamo y la puntualidad del mismo. E influyen factores como: (i) la política, burocracia, corrupción y tipo de cambio.

El 21 de octubre, el Banco de Inversión JP Morgan indicaba que el Perú, con 0.97 puntos porcentuales, reportaba el riesgo país más bajo de la región. Ante dicha noticia, era inevitable no sospechar que los países vecinos al nuestro se habían visto afectados, en cuanto a sus respectivos riesgo país, dadas las crisis políticas y sociales que vienen atravesando. Hechos que no nos son ajenos, pues hace unas semanas el Perú se vio envuelto en una seria crisis que algunos, para resumirlo, denominan “de institucionalidad”, la cual debilita la sólida imagen -frente a los inversionistas- que ya se había ganado.

Uno de los medios para fortalecer la economía del país, a través de la atracción de la inversión extranjera, es evitar exabruptos políticos que generen una imagen negativa del país, de sus políticas y del nivel de estabilidad desincentivando -de ese modo- las inversiones foráneas, las cuales probablemente decaigan automáticamente, como consecuencia de la coyuntura.

Sea cual fuere la estrategia de penetración del mercado peruano por parte del inversionista extranjero, es importante destacar que -como país y en la medida de lo posible- debemos intentar alinear los intereses de los empresarios y las necesidades del país generando el siempre anhelado “win-win”.

Xaviera Pérez Benazar- Abogada senior del Estudio Torres y Torres Lara & Asociados

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