¿Cómo reaccionaría usted si supiera que un error en la gestión empresarial podría derivar en pérdidas millonarias, sanciones penales o incluso la muerte comercial de su compañía? Tal vez considere que se trata de una exageración, que tales situaciones solo afectan a grandes corporaciones, a empresas transnacionales o a aquellos que operan en círculos de poder. Sin embargo, la realidad ha demostrado que ninguna organización está exenta del riesgo de colapso si no dispone de mecanismos efectivos de prevención y respuesta ante posibles delitos.

Más que hablar de teorías o manuales, vale la pena mirar un caso concreto que ha estremecido al mundo empresarial peruano, ya que una firma de ingeniería fue sentenciada por el delito de lavado de activos, imponiéndole una multa alrededor de los 7 millones de soles y la inhabilitación de realizar actividades de naturaleza similar a la que ocasionó el delito. Este es un caso real, reciente y profundamente revelador sobre lo que pasa cuando el Compliance es una palabra desconocida en la gestión empresarial.

Durante años, se destacó como una firma respetada en el ámbito de la supervisión de obras públicas. Sin embargo, su prestigio se vio afectado tras su participación en proyectos vinculados a otra empresa bastante cuestionada. El representante de la empresa desempeñaba un papel clave en la supervisión técnica de obras públicas, aunque con el tiempo se ha revelado que su intervención trascendió las funciones de fiscalización.

Según la sentencia, el representante no solo permitió que se desarrollaran irregularidades, sino que formó parte del esquema que las facilitó, contribuyendo a la denominada ‘Caja 2’ de la empresa cuestionada como se puede apreciar en los fundamentos de la sentencia. En consecuencia, la firma pasó de ser un proveedor del Estado a estar involucrada en una de las mayores investigaciones de corrupción en América Latina.

La sentencia es clara, pues no se trató de un error aislado, sino de una ausencia total de controles internos, debido a que no contaba con sistema alguno para prevenir el lavado de activos. No existían mecanismos para detectar conflictos de interés, y mucho menos alertas para identificar actos de corrupción o soborno. Todo el sistema de supervisión técnica, que debía garantizar transparencia en la ejecución de obras, acabó siendo utilizado como fachada para actividades ilícitas.

Más grave aún: la empresa carecía de una cultura ética. No había códigos de conducta, capacitación en integridad ni canales de denuncia. El cumplimiento normativo simplemente no existía como prioridad. En ese vacío, terminaron floreciendo las decisiones personales que arrastraron a toda la compañía a una condena penal.

Este caso es una advertencia con nombre propio. Si algo nos deja claro esta historia es que el Compliance no es opcional. No importa si la empresa es grande o pequeña, si trabaja con el Estado o no. En cualquier momento, un colaborador puede convertirse en el origen de un escándalo si no existen mecanismos para prevenirlo.

Las sanciones pueden ser devastadoras. Hablamos no solo de multas o condenas penales, sino de la pérdida irrecuperable de la reputación. ¿Quién confiará nuevamente en una empresa señalada por lavar dinero? En el mundo empresarial, la credibilidad es el capital más difícil de recuperar.

Afortunadamente, también hay una dimensión preventiva mediante la Ley 30424, por la que una empresa puede atenuar o incluso eximirse de responsabilidad penal si demuestra que tenía un programa de cumplimiento eficaz. Es decir, incluso si un empleado actúa por su cuenta, los controles pueden salvar a la empresa de ser inhabilitada o multada.

Es necesario recalcar que no se necesita un departamento legal de diez personas ni un presupuesto millonario para tomar medidas efectivas. Podemos empezar cuestionando:  ¿Existen en la empresa espacios donde una decisión personal no supervisada pueda convertirse en un delito?

A partir de ese diagnóstico, se puede implementar acciones básicas tales como: Crear un Sistema de Prevención de Delitos, un Código de Ética, una Política Antisoborno, habilitar un Canal de Denuncias y ofrecer capacitaciones mínimas al personal.

Lo cierto es que tener un programa de cumplimiento no solo es beneficioso en el tema legal, sino que puede convertirse en una ventaja competitiva, ya que genera confianza frente a socios, inversionistas, proveedores y, lo más importante, frente a los clientes. En un entorno donde los escándalos han desgastado la credibilidad del sector privado, la ética puede ser un diferencial.

En el particular, no cayó una empresa por un gran robo ni por un error contable, sino que su declive se produjo en un contexto donde las irregularidades se extendieron dentro de la propia organización, sin que existieran mecanismos suficientes para afrontarlas. La empresa no controló y no reaccionó antes o después del escándalo, y es que cuando llegó el juicio, ya era demasiado tarde.

Este caso debería ser un punto de inflexión para todos los empresarios del país, porque al final, el riesgo no está solo en lo que se  hace, sino en lo que se deja pasar, o en lo que solo se mira y  se decide no preguntar.

Que la historia  no se repita, que no se convierta en la nueva normalidad. El futuro de las empresa no se juegan solo en las ventas que se realizan, en los contratos que se firman, sino también en los controles que se deciden implementar. ¿Se van a arriesgar a descubrirlo demasiado tarde?

Estefany Ortiz Jinez, Abogada Asociada y Miembro del Área Corporativa de Torres y Torres Lara Abogados