En los últimos años, las entidades públicas han recurrido cada vez más al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) no solo para construir infraestructura, sino para algo más inmediato: comprar patrulleros y motos para seguridad ciudadana, ambulancias para hospitales y postas médicas, camiones recolectores para limpieza pública, etc.

En los últimos años, el sistema financiero peruano ha experimentado una transformación acelerada impulsada por la digitalización de los servicios financieros. Hoy resulta cada vez más común que las personas realicen pagos con tarjetas, aplicaciones móviles o billeteras digitales, reduciendo progresivamente el uso del dinero en efectivo. Sin embargo, mientras las entidades bancarias cuentan con una amplia gama de herramientas para atender estas nuevas necesidades, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público (COOPAC) enfrentan limitaciones regulatorias que dificultan ofrecer a sus socios servicios básicos que ya forman parte de la vida cotidiana.

Una de estas limitaciones es la necesidad de obtener una autorización específica para la emisión de tarjetas de débito. Si bien la regulación tiene como finalidad proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad del sistema financiero, resulta válido preguntarse si mantener este requisito sigue siendo razonable cuando se trata de un servicio estrechamente vinculado a la actividad principal de las cooperativas: la captación de depósitos de sus socios.

Las COOPAC cumplen un rol fundamental en la inclusión financiera en el Perú. Muchas de ellas operan en lugares donde la presencia de bancos es limitada o inexistente, permitiendo que miles de personas accedan por primera vez a servicios de ahorro y crédito. Para una gran cantidad de ciudadanos, especialmente en zonas rurales y ciudades intermedias, la cooperativa constituye su principal puerta de entrada al sistema financiero formal.

No obstante, en la actualidad ya no basta con ofrecer una cuenta de ahorros. Los socios de las COOPAC requieren herramientas que les permitan utilizar sus recursos de manera segura, rápida y eficiente. Una cuenta de ahorros sin una tarjeta de débito asociada genera una gran limitación práctica, pues obliga al socio a acudir físicamente a una oficina para retirar efectivo cada vez que necesita disponer de su dinero.

Esta situación se diferencia ampliamente con la forma en que hoy se desarrollan las operaciones financieras. El crecimiento del comercio electrónico, las transferencias digitales y los pagos con tarjeta ha modificado profundamente los hábitos de consumo. Incluso pequeñas compras que antes se realizaban exclusivamente con efectivo ahora suelen pagarse mediante medios electrónicos. En este contexto, la posibilidad de utilizar una tarjeta de débito deja de ser un servicio complementario para convertirse en una necesidad básica.

Desde una perspectiva funcional, la tarjeta de débito no constituye un producto financiero complejo ni implica la colocación de recursos de la entidad. Por el contrario, se trata de un instrumento que permite al socio acceder a los fondos que ya mantiene depositados en su cuenta. Es decir, la tarjeta se encuentra directamente vinculada a la actividad de captación de recursos que forma parte de la esencia misma de las COOPAC.

Por ello, resulta razonable plantear que las COOPAC que ya se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puedan ofrecer tarjetas de débito como una extensión natural de sus servicios de ahorro, sin necesidad de tramitar una autorización adicional específica para cada caso.

La eliminación de esta barrera regulatoria podría generar beneficios importantes para los socios. En primer lugar, facilitaría el acceso a sus propios recursos. Sus socios podrían realizar compras en establecimientos comerciales, efectuar pagos de servicios o retirar dinero en cajeros automáticos sin depender exclusivamente de las oficinas de la cooperativa.

En segundo lugar, contribuiría a reducir los riesgos asociados al manejo de efectivo. El transporte y almacenamiento de dinero en efectivo implica riesgos de pérdida, robo y fraude. La utilización de medios de pago electrónicos permite realizar operaciones con mayores niveles de seguridad y trazabilidad.

En tercer lugar, fortalecería la inclusión financiera digital. Uno de los principales desafíos del país consiste en lograr que más ciudadanos no solo accedan al sistema financiero, sino que también utilicen activamente sus servicios. La experiencia internacional demuestra que el uso de tarjetas de débito constituye una de las principales herramientas para promover la bancarización y la formalización de las transacciones económicas.

Asimismo, permitir que las cooperativas emitan tarjetas de débito en condiciones más ágiles contribuiría a fortalecer su competitividad frente a otras entidades financieras. Actualmente, muchas personas comparan los servicios disponibles antes de decidir dónde abrir una cuenta de ahorros. Si una cooperativa no puede ofrecer facilidades que los socios consideran básicas, corre el riesgo de perder atractivo frente a otros actores del mercado, incluso cuando ofrezca mejores condiciones de ahorro o atención más cercana.

Por supuesto, cualquier flexibilización regulatoria debe ir acompañada de mecanismos adecuados de gestión de riesgos y protección al consumidor. La emisión de tarjetas de débito requiere contar con medidas de seguridad tecnológica, procedimientos de prevención de fraude y mecanismos de atención de reclamos. Sin embargo, estos aspectos pueden ser supervisados dentro del marco regulatorio general aplicable a las COOPAC, sin que necesariamente se requiera una autorización específica adicional para habilitar un servicio que forma parte de la operativa habitual de una cuenta de ahorros.

La regulación financiera debe encontrar un equilibrio entre la supervisión prudencial y la promoción de la inclusión financiera. Cuando los requisitos regulatorios generan obstáculos para el acceso a servicios básicos sin aportar beneficios proporcionales en términos de seguridad o estabilidad, corresponde evaluar la posibilidad de introducir ajustes que favorezcan a los usuarios.

Las cooperativas han demostrado históricamente su capacidad para acercar servicios financieros a sectores de la población que tradicionalmente han permanecido excluidos. Por ello, permitir que estas entidades ofrezcan dicho servicio como parte natural de la captación de depósitos no solo fortalecería su competitividad, sino que también contribuiría a que miles de peruanos accedan a herramientas financieras modernas, seguras y acordes con las necesidades de la economía actual.

Johana Benites Iriarte, Abogada Asociada Senior y Miembro del área de Cooperativas y Asociativa de TyTL Abogados.