En la última década, las criptomonedas han transformado radicalmente el panorama financiero global. Sin embargo, esta revolución no viene sin sus desafíos, especialmente para los Proveedores de Servicios de Activos virtuales (PSAV), como las casas de cambio de criptomonedas y otros activos virtuales, quienes se encuentran en el centro de un complicado entramado de riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A medida en que la adopción de las criptomonedas continúa creciendo, es imperativo abordar estos riesgos con una mirada crítica y proactiva.

Entre dichos riesgos, podemos destacar el anonimato y seudoanonimato, al representar un arma de doble filo, pues las criptomonedas, desde su concepción, han ofrecido privacidad y control financiero a los que realizan transacciones con ellas. Las direcciones de criptomonedas no están directamente vinculadas a identidades físicas, permitiendo a los usuarios realizar transacciones sin revelar su identidad real. Si bien esta característica es atractiva para aquellos que valoran su privacidad, también ofrece un refugio perfecto para actividades ilícitas. Los lavadores de activos sirviéndose de ese anonimato, realizan movimientos de grandes sumas de dinero de forma rápida fuera del alcance de los mecanismos tradicionales de detección. Esta capacidad de operar en las sombras plantea una amenaza significativa para la seguridad financiera global.

Adicionalmente a ello, la naturaleza global de las criptomonedas permite transferencias sin restricciones geográficas. Este fenómeno, complica enormemente la aplicación de las leyes contra el delito de lavado de activos. Las transacciones pueden cruzar múltiples jurisdicciones en cuestión de segundos, creando un laberinto jurídico para las autoridades. La falta de coordinación internacional y las distintas regulaciones entre países facilitan que los fondos ilícitos se desplacen sin dejar un rastro claro, desafiando los esfuerzos de los reguladores para seguir el rastro de los activos virtuales que provienen de fuentes ilícitas.

Sumado a ello, la tecnología blockchain, que representa la columna vertebral de las criptomonedas es un campo bastante técnico y en constante evolución. Para las autoridades, esta complejidad representa un gran reto, pues la capacidad para supervisar y regular eficazmente estas transacciones requiere de un profundo entendimiento técnico y recursos significativos, algo que muchas Unidades de Inteligencia Financiera aún están desarrollando. Esta brecha en la capacidad reguladora puede también beneficiar a los lavadores de activos para llevar a cabo actividades ilícitas sin ser detectados.

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha avanzado en la implementación de un proyecto de norma para la prevención de lavado de activos para los PSAV, que desarrolla las obligaciones que deberán cumplir estos sujetos obligados, alineadas a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que exigen incluir a los países miembros. Una de dichas obligaciones es el conocimiento del cliente y los beneficiarios finales, hasta donde la debida diligencia lo permita, por lo que los PSAV deberán requerir información mínima para identificar a sus clientes, como: (i) nombre completo, (ii) documento de identidad, (iii) datos del cónyuge (de ser el caso), (iv) domicilio, (v) ocupación, (vi) indicación de si es una Persona Expuesta Políticamente (PEP), (vii) beneficiario de la operación, entre otros, que en el caso de personas naturales o jurídicas extranjeras o no domiciliadas se dificulta e incluso resulta casi imposible la verificación íntegra de dicha información, aun cuando los PSAV adquieran tecnologías avanzadas para verificar la información proporcionada y/o contraten proveedores que les brindan dichos servicios, como algunos ya vienen haciendo.

El proyecto de norma establece que si los PSAV no se encuentran en la capacidad de cumplir con las medidas de debida diligencia en el conocimiento del cliente deberán: (i) no iniciar relaciones comerciales, no efectuar la operación y/o terminar la relación comercial iniciada; y, (ii) evaluar la posibilidad de efectuar un reporte de operación sospechosa sobre dicho cliente.

Esto trae consigo que todos los PSAV -incluso los pequeños que recién salen al mercado- deban asumir los altos costos que implica contar con las tecnologías adecuadas para identificar a los clientes y verificar la información obtenida, trayendo como riesgo que algunos operen sin implementar políticas de prevención de lavado de activos, pues no es un requisito para que puedan operar legalmente el implementar previamente un sistema de prevención del lavado de activos.
Una solución a ello, para mitigar estos riesgos, sería que la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Perú (UIF-Perú) cuente con una plataforma que permita a los PSAV, e incluso a otros sujetos obligados, realizar la identificación y verificación de la información de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que quieran operar con ellos.

En el Perú existen diversas empresas que brindan el servicio de búsqueda de personas naturales y jurídicas -nacionales o extranjeras- que los identifica y a su vez verifican su información, y otras que permiten validar los documentos de identidad de extranjeros como los pasaportes con solo obtener una foto del mismo, servicios que la UIF podría contratar para apoyar a los diversos sujetos obligados en el adecuado conocimiento de los clientes.

En conclusión, aunque los PSAV enfrentan serios desafíos en la gestión de los riesgos de lavado de activos, la implementación de regulaciones robustas, el uso de tecnologías avanzadas y la cooperación internacional pueden ayudar a superar estos obstáculos. La creación de una infraestructura de soporte, como la propuesta plataforma de la UIF-Perú, podría ser un paso crucial para fortalecer la capacidad de los PSAV en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, asegurando así un entorno más seguro y transparente para todo el sistema financiero.
Finalmente, los PSAV deben estar dispuestos a adaptar sus estrategias y herramientas continuamente para responder a nuevas amenazas y cumplir con los requisitos regulatorios, pues son ellos los que enfrentan directamente el riesgo de ser utilizados como un medio para lavar activos.

Johana Benites Iriarte, Abogada Asociada Senior y Líder del área de Servicios Financieros de Torres y Torres Lara Abogados 

Fuente: Expreso