El continuo avance de la tecnología ha traído consigo la rápida modernización de los sistemas de pago a nivel mundial, los cuales son usados por los bancos y otras entidades financieras para cubrir las necesidades de sus clientes, pues estos buscan medios de pago cada vez más eficientes y modernos. En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC), que operan únicamente con sus socios, cuentan con muy poca participación en los sistemas de pagos modernos dada las actuales limitaciones que les impone el marco legal vigente.

La participación en el sistema de pago es mucho más que una cuestión técnica o de moda, se ha convertido en un requisito y condición de permanencia en el tiempo y de fomento al sector al que pertenecen las empresas que los utilizan. Las COOPAC, con su alta incidencia económico-social, cumplen un rol fundamental en este proceso y deben cubrir las necesidades de sus socios.

No olvidemos que las COOPAC han logrado un nivel de inserción en sectores con ingresos medios y bajos donde los bancos y otras entidades no podían o no querían llegar, logrando así el fomento de la inclusión financiera.

No obstante lo señalado, dada la normativa actual que regula a las COOPAC, estas ven limitada la posibilidad de extender sus sistemas de pagos a sus socios ya que, por ejemplo, no es posible para ellas manejar tarjetas de débito y/o crédito sin solicitar previamente una autorización especial de la SBS, a diferencia de lo que ocurre con los bancos y otras entidades que no requieren tal autorización.

En la actualidad, no hay ninguna COOPAC que haya obtenido una autorización para emitir y administrar tarjetas de débito y/o crédito pues en la práctica, siendo positivos, les tomaría más de un año obtenerla. En el caso de emisión de tarjetas de crédito requieren obtener 2 autorizaciones, una de desarrollo y otra de implementación, lo que implica mayor tiempo y el cumplimiento de mayores requisitos. Y las que se animan a perdir la autorización a la SBS, lamentablemente ven pasar los años (más de 3) sin que que esta “autoridad” las autorice.

Adicionalmente, el cumplimiento de requerimientos operativos, administrativos, tecnológicos, entre otros, necesarios para implementar esas operaciones, implican que las COOPAC deban asumir una fuerte inversión en tecnología y seguridad de la información, costos que podrían llegar a ser excesivos para una Cooperativa y que las alejan de ese objetivo.

Y ¿al final quién asume esos problemas? Los socios de la gran mayoría de COOPAC que manejan cuentas de ahorro, al no poder adquirir bienes o servicios en diversos establecimientos pues no cuentan con una tarjeta para ello o, de contar con una, solo pueden usarla en determinados establecimientos afiliados a la red del emisor de la tarjeta, dado que las COOPAC deben utilizar intermediarios para la emisión de tarjetas de pago pues no pueden hacerlo directamente, aun cuando este instrumento de pago es básico y ya bastante antiguo, en comparación con los sistemas de pago que en la actualidad vienen manejando los bancos y que vienen implementándose -incluso- por empresas no supervisadas.

En el caso de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), cuentan con la Ley No. 31711- Ley de Fortalecimiento de las CMAC, publicada recientemente, que permite a las CMAC con más de 3 años de funcionamiento y que cuenten con activos mayores a 75 mil UIT, emitir y administrar tarjetas de débito y crédito sin requerir una autorización ni una reglamentación adicional por parte de la SBS, lo que podría ser replicado para las COOPAC pues ambas operan en un mercado similar (de micro y pequeñas empresas).

En esa línea, una ley que expresamente habilite a las COOPAC a emitir y administrar tarjetas de débito y crédito permitirá que estas puedan participar en sistemas de pago distintos al del dinero en efectivo y así puedan iniciar el camino a su modernización y brindar servicios más eficientes y acorde a lo requerido por sus socios.

Respecto a los costos de implementar nuevos sistemas de pago, éstos se podrían disminuir a través del uso de economías de escala, mediante la habilitación del uso de soluciones de carácter colectivo; ya que entre todas las COOPAC participantes en la implementación pueden contratar empresas que les tercericen en conjunto los servicios que requieren para aminorar los riesgos asociados a los nuevos medios de pago sin tener que asumir individualmente todos los costos, aspecto que tendría también que regularse expresamente.

Ahora bien, como no todo es color de rosa, como usuarios sabemos que la emisión y administración de tarjetas de débito y crédito traen consigo ciertos riesgos operacionales, de ciberseguridad, crediticio (en el caso de tarjetas de crédito), entre otros, que tendrían que ser regulados a fin de cuidar el ahorro de los socios, así como el riesgo de sobreendeudamiento en las COOPAC con la emisión de tarjetas de crédito; no obstante, esta regulación debe estar acorde a la naturaleza y tamaño de las COOPAC y no deben igualarse a los requisitos exigidos a las empresas del sistema financiero, como viene sucediendo; por ser las ESF más especializadas, manejan un mayor número de clientes y lo más relevante es que son de distinta naturaleza al operar con terceros.

El continuar atrasando a las COOPAC en la implementación de nuevos sistemas de pago, las puede dejar fuera del mercado y podría conllevar a que sus socios busquen otras alternativas, lo que se traduciría en que poco a poco vayan desapareciendo. En ese contexto, una ley que les permita emitir y administrar tarjetas de débito y crédito resulta ser un primer paso para apoyar y fortalecer el sistema cooperativo y que favorecerá enormemente a sus socios.