En la última década hemos visto cómo las OXI se gestaron, consolidaron y rezagaron. De acuerdo con Proinversión, desde el 2009 el Gobierno habría comprometido a través del mecanismo más de S/5,467 millones, alcanzando su auge en el 2017, con la firma de convenios por hasta S/ 1,013 millones para setenta y dos (72) obras. No obstante, durante el 2019, la inversión se redujo dramáticamente, con tan solo seis (6) OXI por S/ 40 millones.

A pesar de las mejoras normativas y la emisión de documentos estandarizados, guías metodológicas y opiniones, las convocatorias de OXI parecen no haber tenido mayor acogida entre las empresas privadas. Ciertamente, la crisis política vivida en nuestro país no ha favorecido al mecanismo; sin embargo, aún se identifican otras dificultades como la falta de capacitación de funcionarios, demora en la emisión de los certificados de inversión, falta de implementación de mecanismos de gestión conjunta, etc.

Para superar los efectos económicos de la pandemia de la covid-19, tras la asunción de gastos extraordinarios por emergencia, el Estado deberá fomentar un crecimiento económico inclusivo y ambientalmente sustentable. Uno de los pilares para alcanzar tal desarrollo es el despliegue de infraestructura y servicios de saneamiento; conociendo ello, el Gobierno ha emitido medidas y destinando recursos en este sector.

Así también se viene promoviendo activamente el uso de OXI para estos fines. Varios ministros de Estado resaltaron tal intención en la sustentación del Presupuesto General de la República 2021 y, concretamente, el 4 de marzo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó una cartera de cincuenta proyectos con estudios de preinversión a ser priorizados y ejecutados por OXI; veinticinco de ellos en materia de saneamiento rural y urbano. Seguramente la mayoría de los proyectos no podrá ser adjudicado en este mandato, por lo que esperamos que el siguiente gobierno mantenga esta tendencia y facilite la cooperación de la empresa privada en aras de la reactivación económica del país.

No olvidemos que Obras por Impuestos ha sido un mecanismo eficiente para que la empresa pueda demostrar su preocupación por la comunidad y que al Estado no solo le ha significado más eficiencia en tiempo y costos, sino que se le ha permitido alejar actos de corrupción.

Leer la noticia completa aquí.

Mónica Lozada Loza-Abogada Asociada Senior y Jefa del Área de Obras por Impuestos de TYTL Abogados