La inversión en infraestructura es esencial para el desarrollo de cualquier país y en los últimos años, la modalidad de «obras por impuestos” aprobada mediante la Ley N° 29230 “Ley que impulsa la inversión regional y local con participación del sector privado”, ha cobrado un mayor protagonismo, involucrando a empresas privadas en la ejecución de proyectos públicos, con la contribución en la reducción de la amplia brecha de infraestructura existente en nuestro país y, combinando inversión y responsabilidad social empresarial de una manera beneficiosa para todos.

Como se puede evidenciar, el mecanismo diseñado por el Estado tiene como finalidad incentivar a las empresas privadas a financiar la ejecución de proyectos de infraestructura, educación, salud, y otros activos públicos fundamentales, utilizando parte de los impuestos que pagarían al Estado. Es decir, en lugar de pagar esos impuestos, las empresas destinan esos recursos a proyectos específicos que contribuyen al desarrollo de la comunidad y a la mejora de la calidad de vida de la población.

Estos proyectos generan empleo y estimulan la economía local. Los proyectos bajo esta modalidad están alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015. Dentro de los objetivos propuestos se tienen: el fin de la pobreza, reducir la desigualdad, luchar contra el cambio climático, entre otros.

A medida que esta práctica se ha expandido y en un mundo donde la responsabilidad social empresarial se ha convertido en una prioridad para muchas compañías, la modalidad obras por impuestos emerge como un vehículo eficaz para las empresas que buscan no solo contribuir al desarrollo de la infraestructura pública, sino también para fortalecer su compromiso con la sociedad y el medio ambiente, produciendo un impacto inmediato.

La relación entre la ejecución de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos y la responsabilidad social empresarial, es innegable. La responsabilidad social empresarial se basa en el compromiso de las empresas de operar de manera ética y contribuir al bienestar de la sociedad, en tanto que, conforme a la normativa de obras por impuestos no resulta impositiva sino más bien voluntaria, correspondiendo a cada empresa asumir un rol socialmente activo dentro de la comunidad. Al participar en proyectos de obras por impuestos, las empresas no solo cumplen con sus obligaciones fiscales, sino que también demuestran un compromiso real con la comunidad y el desarrollo sostenible, al aumentar la percepción pública de una empresa como un actor socialmente responsable, fortaleciendo sus lazos con la comunidad local, demostrando de manera tangible el impacto positivo que tienen en la sociedad a través de éstos.

En el Perú, existen más de 150 empresas exitosas que han abrazado la modalidad de obras por impuestos como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial; solo para citar algunas, se encuentra liderando el ranking de empresas la Compañía Minera Antamina S.A. cuyo monto de inversión asciende a S/. 1,716,607,264.06 y el Banco de Crédito del Perú cuyo monto de inversión asciende a S/. 1,132,614,675.65, según reporte de ProInversión actualizado a octubre del 2023. Desde la construcción de escuelas y hospitales hasta proyectos de desarrollo comunitario, estas iniciativas han tenido un impacto significativo en sus respectivas comunidades, habiéndose suscrito alrededor de 520 Convenios de Inversión entre empresas privadas y Entidades Públicas, según información de ProInversión.

A pesar de los beneficios evidentes, es esencial abordar los desafíos y consideraciones éticas que rodean a las obras por impuestos. La transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que no se produzcan abusos que logren entorpecer con el cumplimiento de los objetivos a favor de la sociedad. Ahora bien, es importante señalar que, si bien en estos 15 años de vigencia de la norma, se han apreciado cambios notables para mejora, aún existen vacíos legales, así como limitaciones y cuellos de botella que pueden generar a las empresas privadas un bajo interés en apostar por este tipo de modalidad de ejecución.

No obstante ello, la ejecución de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos continuará siendo una herramienta valiosa para el desarrollo de infraestructura, basándose en la ética empresarial, la promoción de valores compartidos y el fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial. A medida en que las empresas reconozcan los beneficios tanto para sus negocios como para la sociedad en su conjunto, esta modalidad seguirá creciendo y evolucionando.

La relación entre el sector público y la empresa privada, así como su responsabilidad social, son elementos clave en la adopción de políticas empresariales. Según Torres Osores (2018), esta relación influye en la disposición de una organización para adoptar ciertas políticas. El concepto de responsabilidad social se adapta según las características de la empresa, y su implementación depende de la voluntad de colaboración con el Estado para promover el desarrollo económico del Perú.

A medida que las empresas reconocen la importancia de su papel en la sociedad, la modalidad de obras por impuestos se rige como un modelo valioso que contribuye a un futuro más responsable y sostenible. La inversión en infraestructura se convierte así en una inversión en la sociedad y el planeta, demostrando que el éxito empresarial y la responsabilidad social pueden caminar juntos hacia un futuro mejor.

En resumen, la ejecución de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos ofrece una oportunidad única para las empresas de cumplir con su responsabilidad social empresarial mientras contribuyen al desarrollo de la comunidad y el bienestar de la sociedad. A medida que más empresas adopten esta práctica, podremos esperar un impacto significativo en la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento de los lazos entre el sector privado y la sociedad, abordando desafíos sociales y ambientales y sobre todo demostrando su compromiso con la ética empresarial y sostenibilidad.

Mercedes Umasi Barahona, Asociada y Miembro del Área de Infraestructura y Promoción de Inversiones Público – Privadas de Torres y Torres Lara Abogados

Fuente: Expreso